15 noviembre 2014 - Debates sobre el desarrollo

Educación: calidad para la inclusión educativa

DIGAMOS PRESENTE 2005 FOTO ARIEL SABATELLA99

La calidad de la educación está en el centro de las preocupaciones de la mayoría de los países del mundo. Ya no se trata de las tasas de escolarización, sino del nivel de aprendizajes alcanzados por las nuevas generaciones. En el contexto de la sociedad de la comunicación y la tecnología, la capacidad para producir, intercambiar y utilizar conocimientos es una condición básica para el desarrollo económico, social y cultural de un país.

Esta preocupación motivó un creciente involucramiento de los gobiernos y de los máximos líderes políticos. Las reformas que los presidentes motorizaron recientemente en Brasil, Ecuador y Chile son solo algunos ejemplos regionales de esta tendencia global. En este contexto, la crítica situación educativa de la Argentina debe transformarse en una cuestión prioritaria y urgente.


El desafío en juego es tan relevante como complejo. Enfrentarlo exige que la educación sea una preocupación central para los líderes políticos. Los máximos referentes políticos pueden liderar un proceso de mejora profunda contagiando el entusiasmo a la población y a los actores del sistema educativo. Este proceso exige potenciar los logros alcanzados y generar consensos básicos sobre los nuevos rumbos necesarios.

 

 

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1 comentario

  • Excelente el artículo, sólo quería agregar un aporte desde nuestra experiencia -como fundación- en apoyo escolar en barrios pobres de La Plata.

    IGUALAR LAS BASES

    Tal como nuestro nombre lo indica, la Fundación Bases Para Pensar se propone trabajar en la eliminación de las desigualdades que aún se registran en nuestro país en la fase inicial de la educación.
    Como organización, entendemos que la única forma de hacer efectivo el viejo anhelo de la “igualdad de oportunidades” (en el sentido de igualdad de oportunidades para encarar un proyecto de vida), es el acceso igualitario a una educación de calidad.
    Así, entendemos que una buena educación es la única herramienta que garantiza, o por lo menos potencia al máximo, las posibilidades de movilidad social.
    La movilidad social es el combustible necesario e imprescindible para hacer funcionar a una sociedad saludable. Que todos podamos soñar con un futuro mejor para nuestra familia, vecinos y conciudadanos, es fundamental para un desarrollo personal pleno y para la búsqueda de la felicidad (primer y último fin del hombre). Como dijera Juan Domingo Perón, “nadie se realiza en una Comunidad que no se realiza”. El destino de uno está atado al destino del otro y nadie –so riesgo de egocentrismo, soberbia y ensimismamiento- puede hacerse el distraído y mirar para otro lado, mientras queden en nuestra patria conciudadanos que se encuentren excluidos y sin posibilidades de alcanzar una mejor calidad de vida a través de lo que llamamos movilidad social –ascendente-.
    El acceso igualitario a una Escuela Pública de calidad es el primer paso, y en ese sentido es fundamental que se mantenga el incremento en las partidas presupuestarias destinadas a la educación. De esa forma, más temprano que tarde podremos ver una educación pública en funcionamiento pleno, con buenos salarios docentes, actualización y capacitación permanente de estos y una buena infraestructura edilicia.
    Creemos sinceramente que todo lo mencionado se puede lograr con la voluntad política de nuestros gobernantes. Y esa voluntad política se debe seguir traduciendo en una asignación de recursos que se vaya incrementando año a año, no sólo para cubrir los incrementos en salarios y costos operativos, sino que se traduzcan en inversión real en el mejoramiento edilicio y en más capacitación.
    Ahora bien, todo ese esfuerzo conjunto (voluntad política y contribución ciudadana a través del pago de impuestos), aún de mantenerse en el tiempo, seguirá siendo insuficiente.
    Preliminarmente, hay que resaltar que es necesario luchar contra distintas “verdades” que siempre rodean al tema de la pobreza , como por ejemplo aquella que dice sostiene que los pobres son responsables de su situación. Bernardo Kliksberg la llama “la gran coartada”, apuntando que “Para justificar la pobreza, nada mejor que echarle la culpa a las víctimas. El argumento es que los pobres carecen de ambiciones, no se esfuerzan, no estudian, actúan de forma irracional. La pobreza sería un tema de responsabilidad individual. Sería entonces una decisión personal integrarse en el bando de los exitosos o quedarse estancando. La tesis viene acompañada de una formulación semántica: hay “perdedores” y “ganadores”. Los últimos presentan cualidades opuestas. Si la responsabilidad es individual, deja de ser colectiva” .

    Desechando por completo esa tesis, sostenemos que es estrictamente necesario modificar y elevar el marco social en el cual se desarrolla la infancia y adolescencia de nuestros niños y jóvenes. Yo, en este momento, me encuentro escribiendo este artículo en un lugar silencioso, limpio, climatizado y con una computadora con conexión a internet. Sin este contexto circundante, es muy probable que ni siquiera me plantee sentarme a escribir para exponer mis ideas.
    Ello, nos lleva a preguntarnos ¿Cómo hace un niño para poder desarrollar su inteligencia en el contexto de una vivienda sin contrapiso, con hacinamiento, desnutrición o malnutrición, contaminación ambiental o suciedad crónica, tanto personal como del hogar y del barrio y sin los recursos materiales adecuados?; y además, ¿Cómo hace si, encima, tiene que asistir a una escuela en malas condiciones edilicias, con docentes mal pagos y muchas veces superados por la conflictividad diaria planteada por las situaciones descritas anteriormente?.
    Como se señaló, esto último entendemos que es solucionable con una decisión política de todas las jurisdicciones involucradas (Nación, Provincias y Municipios) enderezada a tal fin. Pero el primer interrogante, involucra otro tipo de decisiones por parte de todos los actores de la vida pública.

    IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

    “No hay Patria sin Justicia. Mientras los niños pobres viven en hogares angustiados, nada absolutamente tienen que hacer las declaraciones sonoras pero vacías de los economistas bien alimentados..”. A. Palacios.

    Nuestra Constitución Provincial, en su artículo 200, inciso 1, establece que “La educación pública de gestión oficial es gratuita en todos los niveles”.
    Sin embargo, reiteramos, ese solo postulado no implica una igualdad real de oportunidades en el acceso a una educación de calidad.
    Respondiendo a los interrogantes planteados en las páginas precedentes, estamos convencidos de dos cuestiones básicas: 1) nunca habrá igualdad de oportunidades, si esa igualdad no se verifica en un acceso igualitario a una educación pública de calidad; 2) educación de calidad no significa sólo una buena escuela y buenos maestros. Dado que la escuela es únicamente uno de los ámbitos en donde se desarrolla el aprendizaje, educación de calidad debe incluir un contexto socioambiental adecuado y digno para el educando, fundamentalmente, en la etapa inicial de su desarrollo intelectual.
    Coincidimos con Clarisa Hardy en cuanto a que “no da lo mismo una población pobre en todas las dimensiones, que aquella que logra mejorar sus condiciones de vida y sus oportunidades de acceso a servicios y prestaciones sociales, puesto que estas permiten la creación de capacidades. Es en esta diferenciación que se juega la posibilidad de superar efectivamente la pobreza e interrumpir su reproducción intergeneracional”.
    Esto significa que no podemos dejar librado al mayor esfuerzo, la posibilidad de que esos niños que se educan en la pobreza, puedan acceder el día de mañana a mejores condiciones de vida. Es necesario asegurárselas en el ahora, mientras se están desarrollando.
    Estas cuestiones ya han sido reconocidas por todos los países de la región. Así, en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, se ha acordado “Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social” .
    Ese reconocimiento, es necesario que se traduzca en políticas de Estado, preferentemente normativizadas, teniendo en consideración dos cuestiones. 1) El crecimiento económico experimentado por los países de la región, más tarde o más temprano mermara o se revertirá (esperemos obviamente que no). No debemos hacer depender la financiación de las políticas apuntadas a reducir las iniquidades, de los vaivenes de la economía. 2) Se independiza la protección de los cambios de gobierno.
    Acá coincidimos nuevamente con Clarisa Hardy, en cuanto se plantea si “las nuevas orientaciones de políticas sociales para la igualdad, sólo deben centrarse en general iguales oportunidades o si, también, hay que asegurar algunos resultados. Esto lleva a una doble reflexión: por una parte, cuáles tipos de transferencias deberían garantizarse y cuáles sus órdenes de magnitud y, por otra, qué derechos esenciales deben estar en posesión de todos los ciudadanos, al margen de sus capacidades. Cómo precisar, entonces, los límites entre la distribución de derechos y bienestar según méritos y los derechos que deben garantizarse a cada cual, por el sólo hecho de ser personas y miembros de una misma comunidad social, es la pregunta que debe darle especificidad concreta a este debate. Y, si observamos la extensión y profundidad de las desigualdades en América Latina, parece indispensable abordar con igual fuerza oportunidades y desenlaces: igualdad de oportunidades y de resultados”.