05 Octubre 2016 - Novedades,Reflexiones sobre Debates

Hacia la institucionalización del debate presidencial

Hasta el año 2015 los candidatos presidenciales argentinos no habían debatido nunca. Por lo tanto, no existían instancias de confrontación de ideas en tiempo real frente a los ciudadanos. Hoy celebramos que hace un año se realizaba el primer debate presidencial de la historia del país, con ARGENTINA DEBATE como iniciador, y que como sociedad ganábamos un ámbito formal de exposición e intercambio entre los candidatos sobre temas de la agenda pública.

Para lograr la realización del primer ciclo de debates presidenciales fue fundamental la construcción de lazos de confianza entre organizadores, candidatos, medios de comunicación e instituciones académicas y de la sociedad civil. Esos lazos sirvieron como mecanismos reguladores para el respeto de los compromisos y las reglas de juego, y también como incentivos para llegar hasta el final del camino. Así fue posible que se constituya como un bien público, y que despertara el interés ciudadano (se calcula que el debate realizado para la segunda vuelta electoral tuvo picos de 58 puntos de rating, superando – por ejemplo – a la final del Mundial de fútbol de Brasil 2014 que diputaron Argentina y Alemania).

 

INSTITUCIONALIZACIÓN

Una vez superada la etapa de la primera realización de un debate presidencial, parece inevitable que la conversación pública pase a un momento de definición respecto del modo en que esta práctica debe institucionalizarse. En este sentido, es de destacar que en los países con debates, éstos existen sin una ley que los haga de participación obligatoria o con sanciones para la no participación. En nuestro país se ha avanzado en una estrategia de normar la obligatoriedad del debate presidencial.

Dada nuestra experiencia en 2015, vemos que el valor de los lazos de confianza construidos en el proceso de acuerdos para la realización de los debates y la importancia de la sanción social a la falta de participación son elementos que ponen de relieve un elemento clave. En este sentido, los acuerdos y los códigos compartidos hacen del debate una instancia de creación social, en la que el poder coercitivo del Estado resulta un elemento ajeno.  

 Por eso, desde ARGENTINA DEBATE reconocemos como valioso…

 a) que el Estado, a través de una norma, garantice los medios para poder organizar, producir y transmitir el debate, de allí que la institucionalización puede entenderse como la obligación de organizarlo y proveer la infraestructura y el presupuesto para su realización.

 b) que la obligación de participar se derive de las expectativas de la sociedad más que de la norma formal que la sancione. Porque más allá de los cuestionamientos de constitucionalidad o potenciales escenarios de judicialización que podrían representar estas sanciones, es necesario valorar la capacidad del estado de garantizar la oportunidad del debate y, a la vez, dejar que las energías sociales fluyan para la creación de un bien público con la mayor apropiación de los participantes y de la sociedad, que empoderada penalizará socialmente.

 

Agradecemos el enorme apoyo y compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad argentina que,  trabajando juntos, lo hizo posible.