Categoría: Debates sobre el desarrollo

Todos los niños tienen derecho al desarrollo pleno de sus potencialidades, lo que fue establecido en la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y su consiguiente Convención (1989), ratificadas por la Argentina con jerarquía constitucional. Este es el motivo fundamental que justifica el planteo de CIPPEC, para el cual el rol del Estado es esencial para asegurar la transición hacia un enfoque que coloque a la niñez como centro de sus políticas públicas.

La primera infancia es una etapa crucial, que tiene un fuerte impacto en el desarrollo emocional, físico e intelectual de las personas. Evidencia reciente muestra que muchos problemas posteriores de la niñez, juventud y adultez —desde el fracaso escolar, hasta enfermedades y comportamientos violentos— tienen su raíz en los primeros años de vida. Lo que sucede en la primera infancia dura para siempre.

Se trata de una franja etaria fundamental para el presente y el futuro del país, más aún si se considera que la pobreza en la Argentina está infantilizada: un 27,3% de los niños de entre 0 y 4 años están en situación de pobreza, frente al 10,9% de la población total. Las condiciones de vida precarias atentan contra el buen desarrollo de los más pequeños y suponen una hipoteca inadmisible. Es necesario contar con políticas pú- blicas que limiten la transmisión intergeneracional de la pobreza y sienten las bases para una sociedad más integrada.

Es fundamental tener resueltas las necesidades básicas en los primeros años de vida y, al mismo tiempo, el cuidado de los niños mientras sus padres trabajan. Históricamente, las familias (especialmente las mujeres) se hicieron, y se siguen haciendo, cargo de una parte importante del cuidado de los hijos. Pero en un contexto de desigualdad social y creciente acceso de la mujer al mercado laboral, dejar librado el desarrollo de la primera infancia al contexto, las capacidades y los recursos de las familias supone negar derechos básicos a los niños y reproducir la desigualdad.

Invertir en primera infancia es la mejor decisión que un país puede tomar, ya que permite alcanzar al mismo tiempo objetivos de equidad y de eficiencia. Sumado a los aspectos ya mencionados, la rentabilidad social del gasto en educación preescolar es superior a la de educación escolar y aún mayor que la de educación superior (Heckman y Carneiro, 2003).

Es necesario recorrer gradualmente un camino de esfuerzos políticos, técnicos y fiscales hacia un sistema integral que asegure el goce pleno de sus derechos para todos los niños. Son esfuerzos irrenunciables que nuestro país está en condiciones de afrontar, y que cambiarán no solo el futuro de los más de 3 millones de niños y niñas de entre 0 y 4 años que habitan en la Argentina sino también el de toda la sociedad. La gran mayoría de los países de la región ya priorizó este tema en su agenda política. La Argentina no puede seguir quedándose atrás

La calidad de la educación está en el centro de las preocupaciones de la mayoría de los países del mundo. Ya no se trata de las tasas de escolarización, sino del nivel de aprendizajes alcanzados por las nuevas generaciones. En el contexto de la sociedad de la comunicación y la tecnología, la capacidad para producir, intercambiar y utilizar conocimientos es una condición básica para el desarrollo económico, social y cultural de un país.

Esta preocupación motivó un creciente involucramiento de los gobiernos y de los máximos líderes políticos. Las reformas que los presidentes motorizaron recientemente en Brasil, Ecuador y Chile son solo algunos ejemplos regionales de esta tendencia global. En este contexto, la crítica situación educativa de la Argentina debe transformarse en una cuestión prioritaria y urgente.

El desafío en juego es tan relevante como complejo. Enfrentarlo exige que la educación sea una preocupación central para los líderes políticos. Los máximos referentes políticos pueden liderar un proceso de mejora profunda contagiando el entusiasmo a la población y a los actores del sistema educativo. Este proceso exige potenciar los logros alcanzados y generar consensos básicos sobre los nuevos rumbos necesarios.

 

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Se suele decir que las instituciones políticas en la Argentina son débiles. Para quienes están en la oposición, su debilidad radica en que no limitan la discrecionalidad de las mayorías oficialistas. Otros creen que impiden que quienes ganaron las elecciones alcancen sus objetivos. Esta preocupación es más frecuente en los oficialismos. Opositores y oficialistas tienen razón y señalan diferentes caras de un mismo problema.

Las instituciones fuertes dan respaldo político a la acción de gobierno, reparten el poder adecuadamente y limitan el arbitrio de los oficialismos. En la Argentina, los oficialismos actúan unilateralmente y concentran cargos. Las oposiciones esperan errores y cuando pueden, bloquean. Este modo de hacer política pública solo permite atender los problemas para los que la decisión del Ejecutivo nacional resulta suficiente, pero ofrece un respaldo muy frágil cuando los oficialismos se debilitan electoralmente o cuando se necesita la cooperación de las autoridades provinciales o municipales.

La debilidad institucional tiene resultados concretos: produce políticas públicas insuficientes o efímeras. Los gobiernos solo llegan hasta donde sus capacidades institucionales les permiten intervenir. Desafíos prioritarios como la protección de las niñas y los niños más pequeños, el mejoramiento de la calidad de la educación y la construcción de una infraestructura productiva robusta exceden las capacidades de gobierno que ofrecen las rutinas políticas vigentes.

Fortalecer las instituciones de gobierno tiene dos aspectos fundamentales y prioritarios: mejorar la distribución del poder político y de la responsabilidad por las políticas, y dotar de capacidades a los cuadros de mayor responsabilidad en la administración pública. Estos dos aspectos dependen de un tercero: el fortalecimiento de los partidos políticos. Los partidos políticos fuertes estructuran la relación con los votantes, moderan las tensiones competitivas y permiten celebrar acuerdos con horizontes más extensos. No habrá un esquema de gobierno más eficaz con partidos políticos débiles. La reconstrucción del sistema de partidos demandará más que un período de gobierno pero el reconocimiento de su necesidad es condición del éxito de cualquier programa de fortalecimiento institucional.

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La inversión en infraestructura tiene un rol crucial para promover el crecimiento con equidad en la Argentina. Por un lado, la infraestructura contribuye a una mayor cohesión social, calidad de vida y responsabilidad ambiental. Por el otro, el desarrollo de redes de infraestructura eficientes posibilita una mejor conectividad y mayor productividad.

La naturaleza de la inversión en infraestructura, de largo plazo y riesgos elevados, requiere la generación de consensos políticos y sociales que permitan la aplicación de políticas de estado, esenciales para facilitar la inversión pública y estimular la inversión privada.

Una infraestructura adecuada es la columna vertebral de una economía próspera. Avanzar en este sentido debe formar parte de un modelo de desarrollo integral nacional que trascienda a un partido o gobierno.

 

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En gran medida, la política fiscal definirá las posibilidades de impulsar el crecimiento con equidad en la Argentina a partir de diciembre de 2015. Establecerá el marco de oportunidades que enfrentarán las políticas de educación, primera infancia e infraestructura, entre las principales. Influirá de forma decisiva en la distribución del ingreso, la reducción de la pobreza y las relaciones entre niveles de gobierno. Finalmente, mitigará o amplificará los efectos del ciclo económico y determinará, en parte, la sustentabilidad económica argentina.

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